"La nueva Ley 1/2025 posiciona a España como uno de los países de la UE con una de las legislaciones más avanzadas para combatir el desperdicio alimentario"
25 Abril 2025
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), solamente entre las fases de postcosecha y la venta minorista se pierde hasta el 14% de la cantidad de alimentos que se producen en todo el mundo. En la otra cara de la moneda, según el informe más reciente sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (SOFI) publicado en julio de 2024 por cinco agencias de las Naciones Unidas (FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS), aproximadamente 733 millones de personas padecieron hambre en 2023. Esto representa cerca del 9,1% de la población mundial.
Si nos centramos en España, se estima que alrededor de 6 millones de personas (aproximadamente el 13% de la población) enfrentan dificultades para acceder a una alimentación nutritiva y suficiente, hecho conocido como inseguridad alimentaria.
Con el fin de abordar estos desafíos, el pasado 1 de abril de 2025 se aprobó la Ley 1/2025, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Esta normativa tiene como objetivo reducir significativamente el desperdicio de alimentos en España, promoviendo una gestión más eficiente de los recursos y fomentando la economía circular. Ya contábamos a nivel autonómico con antecedentes a esta ley, concretamente con la Ley 3/2020, de 11 de marzo, de prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios de la comunidad autónoma de Cataluña, la cual tiene muchos puntos en común con la reciente ley nacional.
Dicha ley pone de manifiesto que ya se estaban realizando en nuestro país avances significativos dirigidos a la mitigación de una realidad que no debería tener cabida en nuestro mundo actual.
> Principales Objetivos de la Ley 1/2025
> Aplicación y entrada en vigor
> Obligaciones de los agentes de la cadena alimentaria
> Medidas de buenas prácticas
> ¿Cómo podemos ayudarte?
> Conclusión
La Ley 1/2025 tiene como principales objetivos los siguientes:
- Reducción de pérdidas y desperdicio: prevenir y disminuir las pérdidas y el desperdicio de alimentos por parte de todos los agentes de la cadena alimentaria.
- Fomento de la donación: promover la donación y redistribución de alimentos, garantizando la seguridad alimentaria y la trazabilidad.
- Medición: progresar en la medición cuantitativa y cualitativa del desperdicio de alimentos que se generan en los diferentes eslabones del sistema alimentario.
- Agenda 2030 (ODS): dar respuesta al objetivo sobre producción y consumo responsables, estableciendo una reducción del 50% de los residuos alimentarios y del 20% en las cadenas de producción y suministro para el año 2030, respecto a 2020.
- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero: el desperdicio de alimentos es responsable de la cuarta parte de las emisiones totales del sistema agroalimentario.
- Jerarquía de prioridades: establecer la jerarquía de prioridades que deben tener en cuenta los operadores de la cadena, en la gestión de las pérdidas y el desperdicio alimentario, cuya generación no haya podido evitarse.
- Investigación e innovación: favorecer la investigación y la innovación en la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
La ley aplica a todos los agentes de la cadena alimentaria, entendiendo como tales a:
- Operadores pertenecientes al sector primario
- Entidades o empresas de elaboración, fabricación o distribución de alimentos
- Comercios al por menor, empresas del sector de la hostelería o la restauración y otros proveedores de servicios alimentarios
- Entidades del Tercer Sector de acción social, de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro que prestan servicios de distribución de alimentos donados, y las administraciones públicas.
Las microempresas y pequeñas explotaciones agrarias quedan excluidas de las obligaciones que establece la ley.
La ley entró en vigor el 3 de abril de 2025. No obstante, las obligaciones establecidas en su artículo 6 no serán de aplicación hasta el 3 de abril de 2026.
- Jerarquía de prioridades: Todos los agentes deben aplicar a sus actuaciones la jerarquía de prioridades establecidas en la ley. Dicha jerarquía prioriza la prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario y establece como última opción la consideración de los alimentos como residuos.
- Reducción de residuos alimentarios: Todos los agentes de la cadena alimentaria tienen la obligación de aplicar las medidas previstas en el artículo 19 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, para la reducción de los residuos alimentarios, en especial las disposiciones relativas a la donación de alimentos.
- Prohibición de impedir la donación de alimentos: no se podrá impedir contractualmente la donación de alimentos, siendo nulo de pleno derecho en caso de producirse.
- Plan para la prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario: Todos los agentes de la cadena alimentaria deben disponer de un plan de aplicación que contemple la forma en que se aplicará la jerarquía de prioridades (excepción de establecimientos ≤1.300 m², salvo varios establecimientos bajo un mismo CIF).
- Facilitar la donación: Se debe promover acuerdos o convenios para donar excedentes de alimentos a entidades de iniciativa social (excepción de establecimientos ≤1.300 m², salvo varios establecimientos bajo un mismo CIF).
Para ciertos sectores, además, hay requisitos específicos, como:
- Empresas de hostelería y restauración: Deben facilitar al consumidor, sin coste adicional alguno, llevarse los alimentos no consumidos.
- Entidades de iniciativa social: se establecen una serie de obligaciones orientadas a la adecuada y justa gestión de los alimentos que distribuyan y donen.
En su Capítulo III, la ley propone una serie de medidas de buenas prácticas a desempeñar, tanto por las empresas que venden alimentos directamente al consumidor final, como por el sector de la hostelería. Algunas de estas medidas son:
- Información y sensibilización: Las empresas deben mejorar la información sobre la seguridad del consumo de productos con imperfecciones y fomentar la venta de estos productos.
- Flexibilización de menús: Promover la flexibilización de los menús para que el consumidor pueda elegir la guarnición o raciones de distinto tamaño.
- Economía de proximidad: Fomentar la incorporación de criterios de compra sostenible (tales como alimentos frescos, de temporada, locales o ecológicos)
TÜV SÜD puede ayudar a las empresas a cumplir con la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario mediante una serie de servicios técnicos y de certificación orientados a garantizar el cumplimiento legal, mejorar la eficiencia operativa y fomentar la sostenibilidad:
- Auditorías de cumplimiento: TÜV SÜD puede ofrecer auditorías específicas para evaluar el grado de cumplimiento de la ley por parte de las empresas.
- Consultoría técnica y acompañamiento: TÜV SÜD puede ofrecer servicios de consultoría para:
- Elaboración de Planes de Prevención del Desperdicio Alimentario adaptados a cada sector.
- Apoyo en la implementación de jerarquías de uso.
- Mejorar procesos logísticos y de almacenamiento.
- Implementar medidas de aprovechamiento de productos no vendidos.
- Ayudar en la trazabilidad de alimentos destinados a donación.
- Implantar estrategias de sostenibilidad.
- Establecer sistemas de diligencia debida de cadena de suministro para asegurar una adecuada identificación y gestión de riesgos e impactos.
- Formación y capacitación
- Formación para operarios, responsables de calidad, logística, etc.
- Cursos sobre economía circular, trazabilidad y seguridad alimentaria.
- Verificación de sostenibilidad y responsabilidad social
- Verificar el impacto ambiental del desperdicio.
- Medir indicadores de sostenibilidad.
- Comunicar de forma transparente sus esfuerzos de reducción del desperdicio alimentario.
La Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario representa un paso importante hacia un sistema alimentario más sostenible y eficiente en España. Además, teniendo en cuenta el peso del sector agroalimentario y hostelero en nuestra economía, esta ley tiene una especial relevancia en nuestro país.
Reducir el desperdicio alimentario contribuirá a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y a mejorar la eficiencia del sistema alimentario, así como a fomentar la solidaridad social a través de la donación de alimentos a personas en situación de vulnerabilidad.
