"La creación de la AIPI afecta tanto al sector privado como al público, y con esta puesta en marcha de la AIPI, la ley se activa completamente"
5 Septiembre 2025
El 1 de septiembre de 2025 marca un antes y un después en el mundo del cumplimiento en España. Se ha introducido oficialmente la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), una institución que llevábamos tiempo esperando y realiza un giro real en la forma en la que empresas y administraciones deben gestionar las denuncias internas y externas.
La AIPI es un órgano independiente, con capacidad sancionadora y con la misión de garantizar que quienes den un paso adelante para denunciar irregularidades cuenten, por fin, con un respaldo efectivo. En definitiva, la AIPI llega para poner orden y dar confianza a quienes quieren hacer lo correcto dentro de las organizaciones.
La AIPI es la encargada de velar por la correcta aplicación de la Ley 2/2023 de protección del informante, que transpone la Directiva Europea de Whistleblowing. Su cometido es doble: por un lado, proteger a las personas que comuniquen infracciones o prácticas irregulares; por otro, supervisar que tanto empresas privadas como entidades públicas dispongan de canales de denuncia adecuados y funcionales.
En definitiva, hablamos de un organismo que convierte en realidad algo que hasta ahora quedaba en papel: la existencia de un sistema sólido y confiable para canalizar denuncias de forma segura.
Hasta ahora, la normativa se centraba más en lo que debía hacerse que en su ejecución práctica. Con la puesta en marcha de la AIPI, la ley se activa completamente: ya existe un canal externo estatal de denuncias, gestionado por un organismo independiente, y las empresas tienen la obligación de relacionarse con él.
Además, empieza a correr el reloj: todas las organizaciones obligadas deberán designar un responsable del sistema interno de información y comunicarlo oficialmente a la AIPI antes del 1 de noviembre de 2025. A partir de esa fecha, la autoridad podrá iniciar investigaciones, ya sea de oficio o a raíz de denuncias externas, y establecer estándares uniformes de cumplimiento.
Durante estos primeros meses, la AIPI contará con apoyo logístico y financiero del Ministerio de la Presidencia, pero desde el mismo 1 de septiembre ya actúa como supervisor y, lo más importante, como posible sancionador.
La creación de la AIPI afecta tanto al sector privado como al público. Todas las empresas con 50 o más empleados, así como aquellas que operan en sectores sensibles como finanzas, transporte, medioambiente o sanidad, están obligadas a contar con un canal de denuncias interno y a ajustarse a los plazos que marca la ley (acuse de recibo en siete días, resolución en tres meses).
Así, las obligaciones son las siguientes:
Las sanciones por incumplimiento son:
Además, la AIPI podrá imponer sanciones accesorias que afectan directamente a la reputación y viabilidad de la empresa:
El objetivo es, además de evitar las multas que pueden realizarse, evitar que una mala gestión del canal ponga en entredicho la credibilidad de toda la organización.
En este nuevo escenario, las compañías no solo necesitan cumplir, sino hacerlo de forma ordenada, eficaz y con visión a largo plazo. Aquí es donde TUV SUD puede marcar la diferencia:
La gestión adecuada de los canales de denuncia y el cumplimiento de las normativas vigentes son pilares fundamentales para preservar la credibilidad y sostenibilidad de cualquier organización. La colaboración con expertos como TÜV SÜD permite a las empresas, no solo cumplir con la legalidad, sino también fortalecer su cultura ética, anticiparse a riesgos y consolidar una estructura de compliance eficaz y orientada al futuro.
Con la llegada de órganos de supervisión como es la AIPI, contar con un partner experto para dar soporte en la implementación y revisión de los sistemas de gestión empresarial ya no es solo una ventaja, es una necesidad.
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