"Este proyecto de Ley establece un marco único de presentación de informes de sostenibilidad para todas las empresas europeas"
30 Octubre 2024
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 29 de octubre el proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad para su remisión a las Cortes, por el que se modifican el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas.
Con ello se trasponen dos directivas europeas que mejoran el marco de presentación y verificación de la información sobre cuestiones ASG, y racionalizan las obligaciones de presentación de información corporativa para las empresas.
Principales hitos claves
- El proyecto de Ley establece un marco único de presentación de informes de sostenibilidad para todas las empresas europeas, con la obligación de presentarlos en un formato electrónico.
- La verificación independiente de estos informes, que ya es exigida por la ley en España, se regulará de manera similar a la auditoría de estados financieros.
- Se modifica la Ley de Auditoría de Cuentas, renombrando el Registro de Auditores y estableciendo que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) supervisará la verificación de información sobre sostenibilidad.
La entrada en vigor será escalonada
- Desde el 1 de enero de 2024, afectará a grandes empresas con activos superiores a 25 M€ y cifras de negocio anuales superiores a 50 M€, incluyendo empresas de interés público y grupos con más de 500 empleados.
- Desde el 1 de enero de 2025, se aplicará al resto de las grandes empresas y grupos dominantes.
- Desde el 1 de enero de 2026, incluirá a PYMES cotizadas (excluyendo microempresas) y grandes aseguradoras cautivas.
- Finalmente, a partir del 1 de enero de 2028, filiales y sucursales de empresas extranjeras con un volumen de negocio en la UE superior a 150 M€ deberán presentar esta información.
¿Y ahora, cuáles son los próximos pasos?
Debemos estar atentos a su tramitación en el Congreso y el Senado hasta su publicación en el BOE, momento en el que se convertirá oficialmente en Ley. Este proceso puede durar entre 3 y 6 meses, aunque, si se tramita con carácter urgente, podría reducirse a 1-2 meses, por lo que es recomendable anticiparse a lo que vendrá.
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