El Parlamento Europeo reclama una nueva legislación en la UE que “obligue a las empresas a respetar estándares medioambientales y de derechos humanos”. Esta iniciativa (que previsiblemente se materializará en una propuesta legislativa en los próximos meses) pretende que las empresas sean responsables, imponiendo sanciones cuando provoquen, o contribuyan a provocar, un daño a los derechos humanos, el medio ambiente o la gobernanza, estableciendo unos estándares de conducta empresarial.
Esta legislación pondrá el foco sobre la debida diligencia, entendida como el establecimiento de procesos destinados a “identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas por los impactos negativos de sus actividades o de las que se deriven sus relaciones de negocio”.
La debida diligencia se basaría en tres pasos fundamentales:
Esta normativa se aplicaría a todas las empresas que operen en la UE (independientemente de la ubicación de su sede). Éstas quedarían obligadas a demostrar el cumplimiento de los mencionados estándares, pudiendo llegar a existir medidas adicionales para asegurar el cumplimiento “incluida la prohibición de importación de productos vinculados a graves violaciones, como el trabajo infantil o forzoso”, y pudiendo ser sancionadas por el daño causado, “a no ser que puedan demostrar que actuaron en línea con las obligaciones de diligencia debida y tomado medidas para evitar el efecto adverso”.
Esta tendencia que, si bien se materializará con la publicación de esta legislación, es ya una realidad en la sociedad empresarial actual, por lo que el establecimiento de sistemas de diligencia debida en este ámbito constituye una necesidad en aquellas organizaciones comprometidas y defiendan una estrategia empresarial alineada con el respeto a los derechos humanos, la Responsabilidad Social Corporativa, y los principios ESG (Environmental, Social and Governance).
[Fuente: Pacto Mundial].
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