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Sentencias en España

STS 742/2018: ¿Condenar a la persona jurídica y no a la persona física que actúa?, ¿Qué dice el TS?

 

Analizamos lo que dice el Tribunal Supremo sobre si la condena de una persona física supone también la condena de la persona jurídica. También qué pasa en el caso que la persona física autora del delito haya fallecido. ¿Se debe condenar a la persona jurídica?

 

Poco a poco van surgiendo en nuestro país nuevas sentencias que nos pueden ir permitiendo definir aspectos relativos a la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica. Pese a estar contemplada en nuestro ordenamiento desde el año 2010, aún son muchas las dudas que rondan acerca de su aplicación concreta y de cuál será el criterio de los tribunales a la hora de juzgarla, por lo que la jurisprudencia que se va conociendo al respecto constituye un elemento clave a considerar al fijar las pautas de actuación y el desarrollo de las políticas de Compliance en nuestras empresas.

 

En el caso concreto, la Sentencia del Tribunal Supremo 742/2018 entra a valorar si la condena de una persona física (autora de los hechos que constituyen el tipo penal) se puede considerar un presupuesto exigible para la condena de la persona jurídica.

Uno de los puntos en los que se asienta el recurso pretende defender que la empresa no puede ser condenada al no poderse condenar al autor material del delito (habiendo este fallecido). Si bien es verdad que el tenor literal del artículo 31bis del Código penal exige la constatación de la actuación de persona física esto no implica, según dice la sentencia, que “sea un presupuesto la previa condena de las mismas”. De este modo, la imposibilidad de condenar al autor material no ha de ser motivo para impedir la condena de la persona jurídica.

Con respecto a la persona física autora de delito por el que pueda condenarse a la persona jurídica, sobre la base del artículo 31 bis, la doctrina tiende a hacer una diferenciación entre “los de directivos” (31bis.1“a)[…] cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.”) y “los de empleados” (31bis.1 “b) […] cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.”).  En este caso, el fallecido, pese a haber sido nombrado su hijo como administrador, es considerado administrador de hecho, entendiéndose que ostenta facultades de gestión y control y que está autorizado para la toma de decisiones en nombre de la entidad. Por ello, el delito de este caso estaría englobado en el primero de estos grupos, “de directivos”, (excluyéndose la necesidad de especificar si ha intervenido o no un incumplimiento de los deberes de supervisión y control, como sería el caso de los “de empleados”).

Por todo esto, entiende el tribunal que “el engaño y en general el comportamiento de ese sujeto legitima la atribución del hecho típico a la persona jurídica recurrente. Ya que por su cuenta se actuó y en su beneficio se llevaron a cabo los actos engañosos y la obtención del lucro” entendiéndose, por tanto, la pertinencia de la condena a la persona jurídica sin existencia de condena previa a la persona física autora.

 

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