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Compliance News Blog

Sentencias en España

Sanciones no constitutivas de delito

 

Como ya bien sabemos, y como hemos mencionado en varias ocasiones, el “boom” del Compliance en España llegó de la mano de la reforma del Código Penal. La posibilidad de que las organizaciones pudieran ser condenadas penalmente por los delitos cometidos en su seno, nos hizo “ponernos las pilas” con los sistemas de prevención de delitos, multiplicando las políticas y controles en aras de garantizar la existencia de ese sistema eficaz del que nos hablaba el 31bis, que permitiera evitar tal responsabilidad penal.

compliance mas facilSin embargo, a la hora de implantar estos sistemas, no debemos caer en el error de prestar atención exclusiva a los tipos penales. La comisión del delito sería la consecuencia más grave entre los riesgos que debemos evitar, pero no la única y, desde luego, no la más probable.

En muchas ocasiones, lo que marcará la diferencia entre un ilícito penal o, por ejemplo, una sanción administrativa, puede determinarse por una cuantía o un desarrollo posterior de los actos, siendo los hechos de origen (y, por tanto, los que serán objeto de nuestro control) comunes.

Además, las consecuencias de la comisión de irregularidades (aunque no lleguen a entrar en el tipo penal) pueden ser igualmente devastadoras para la compañía, pudiendo consistir en cuantiosas sanciones económicas o en daños reputacionales de difícil reparación.

Al hilo de esto, ponemos como ejemplo la reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional  que confirma la sanción interpuesta a una entidad bancaria por incumplimiento de las obligaciones como sujeto obligado en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, incurriendo en infracciones graves según la Ley 10/2018. En este caso la sanción asciende a 500.000 euros, y se deriva del incumplimiento del deber de comunicación por indicio y el de abstención de ejecución respecto a ingresos y operaciones sospechosas de blanqueo.

Estas sanciones, sin llegar a dar lugar a la responsabilidad penal de la organización (que pretendemos evitar a través de la implantación de los Sistemas de Compliance Penal) sí generan un daño que podría haberse evitado con un sistema eficaz para identificar las irregularidades, así como para reaccionar ante ellas adecuadamente y aplicar los procedimientos debidamente establecidos al efecto (como pueda ser, en este caso, la comunicación a la autoridad competente de las operaciones).

 

 

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