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Sentencias en España

Alteración de tacógrafos; más allá de la sanción administrativa

 

La sentencia del TS STS 672/2019 realiza en sus fundamentos jurídicos un interesante análisis sobre qué engloba el concepto de falsedad documental penado en el artículo 390 del Código Penal, así como de la aplicación del principio “non bis in idem” a fin de no sancionar doblemente una conducta que puede incurrir tanto en sanción administrativa como en una posible infracción penal.

tacografos

En esta ocasión, el objeto del recurso se centra entorno a la alteración de tacógrafos. Recordamos al efecto que, según dicta la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres “los vehículos destinados a la realización de transporte por carretera deberán tener instalado y llevar en funcionamiento durante su prestación el aparato de control de los tiempos de conducción y descanso, el limitador de velocidad, así como otros mecanismos o instrumentos de control en los casos en que así se exija reglamentariamente o resulte obligatorio de conformidad con las disposiciones contenidas en los convenios internacionales suscritos por España o en la normativa directamente aplicable en la Unión Europea”.

Su control corresponde a la administración y actos como pueda ser su alteración constituirían, por tanto, una infracción administrativa.

Sin embargo, en la descripción desarrollada en la sentencia sobre su consideración como documento oficial, así como sobre el objeto del tipo de la falsificación, concluye el Tribunal que la alteración de tacógrafos quedaría abarcada como delito de falsedad documental.

Ante la imposibilidad en nuestro ordenamiento de condenar un mismo acto (con identidad de sujeto, hecho y fundamento) de duplicar las sanciones, el Tribunal nos recuerda la preferencia de la jurisdicción penal sobre la potestad administrativa sancionadora, por tanto, una vez identificado el hecho como posible infracción penal e iniciarse un procedimiento penal al efecto, la Administración deberá paralizar su propio procedimiento hasta la resolución del primero (no obstante, si el procedimiento penal resulta absolutorio, podrá retomar su propio procedimiento sancionador). En resumen, primará la posible condena penal sobre la sanción administrativa.

Como conclusión de toda la argumentación expuesta en la sentencia, el Tribunal concluye que “los registros generados por un tacógrafo son documentos oficiales a los efectos jurídico-penales. Y la manipulación fraudulenta de un tacógrafo que dé como resultado la alteración de los registros del instrumento, realizada con la finalidad de sortear los controles policiales y administrativos, constituye un delito de falsedad documental, sancionable penalmente conforme al artículo 392 del Código Penal, en relación con el artículo 390.1.2º del mismo texto legal”

Por ello, conviene insistir en la necesidad de realizar los pertinentes controles y auditorías por personal experto, a fin de garantizar su adecuado funcionamiento y cumplimiento con la normativa vigente.

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