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Normativas

Publicado el Real Decreto-ley 28/2020 de trabajo a distancia

Desde la aplicación de las medidas de distanciamiento social y limitación de movimiento derivadas de la situación global por la COVID-19, el trabajo a distancia o teletrabajo se ha instaurado (en ocasiones de forma repentina y algo precipitada, para dar respuesta a las circunstancias) en gran parte de las empresas, en aquellos puestos en los que es posible.

Sin embargo, son muchos los casos en que la opción de trabajar en remoto, sin acudir presencialmente al puesto de trabajo, no se contempla ya exclusivamente para el periodo de confinamiento durante el Estado de Alarma.

Son muchos los beneficios que el teletrabajo puede traer consigo: favorecer la flexibilidad horaria y la conciliación, la disminución del uso de vehículos con las consecuentes consecuencias positivas para la circulación y el medioambiente, reducción de gastos, el asentamiento y fijación de población en el medio rural, etc…

El incremento repentino de trabajadores para cuyos puestos ahora se contempla esta modalidad (cuya existencia ya se contemplaba en el Estatuto de los Trabajadores) ha acelerado la necesidad de una regulación específica al respecto.

En esta línea, se ha publicado esta semana en el BOE el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, que entrará en vigor a los 20 días de su publicación (la cual tuvo lugar el día 23 de septiembre). Se define el trabajo a distancia como “forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral conforme a la cual esta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular”, siendo el teletrabajo “aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación”.

El aspecto base de esta regulación es la voluntariedad por ambas partes, empleado y empleador (en ningún caso, la negativa a trabajar a distancia puede justificar la extinción de una relación laboral ni la modificación sustancial de las condiciones laborales), debiendo quedar constancia escrita y firmada de este acuerdo, pudiendo ser reversible para ambas partes. En cualquier caso, se establecen aquí unos mínimos, delegando su desarrollo a través de los correspondientes convenios colectivos de aplicación.

La norma recoge el contenido mínimo que debe incluir este acuerdo: los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia; gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia, así como forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma; horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de él, en su caso, reglas de disponibilidad; porcentaje y distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia, en su caso; centro de trabajo donde, en su caso, desarrollará la parte de la jornada de trabajo presencial; lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora; duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad, en su caso; medios de control empresarial de la actividad; procedimiento a seguir en el caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia; instrucciones en materia de protección de datos y seguridad de la información, específicamente aplicables en el trabajo a distancia.

Esta norma busca la igualdad en los derechos de las personas que realicen sus funciones a distancia respecto a quienes las llevan a cabo en los locales de la empresa, enumerando al efecto una serie de derechos de los trabajadores sujetos a esta modalidad: formación; promoción profesional; dotación suficiente y mantenimiento de medios, equipos y herramientas; abono y compensación de gastos; horario flexible; registro de horario adecuado; protección de la seguridad y salud; intimidad y protección de datos; desconexión digital; derechos colectivos.

Por su parte, se garantizan también las facultades de organización, dirección y control por parte del empresario: protección de datos y seguridad de la información, instrucciones de uso y conservación de equipos o útiles informáticos, facultades de control empresarial.

Estas condiciones indicadas en la norma deberán ser desarrollados en los convenios colectivos, en primera instancia, y por los acuerdos.

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