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Normativas

La Defensa de la Competencia y la importancia de las Políticas “Antitrust”

 

Las actuaciones anticompetitivas pueden cometerse por cualquier empleado, incluso sin la mínima mala intención, y sería muy posible que la empresa ni tan siquiera fuera consciente del riesgo en el que incurre.

 

politica antitrustLa lucha contra las actuaciones anticompetitivas se ha convertido en un gran objetivo de las sociedades actuales en aras de conseguir el desarrollo de una libre competencia en el mercado. Es muy común en los últimos años escuchar actuaciones de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) contra todo tipo de empresas que han podido incurrir en irregularidades en este ámbito.

Las consecuencias que este tipo de irregularidades podrían ocasionar a la entidad infractora, además de cuantiosas sanciones (que podrían llegar incluso a alcanzar el 10% del volumen de negocios total de la empresa en el ejercicio anterior), pasarían por la posible nulidad de los contratos e indemnizaciones por daños y prejuicios, prohibición de contratar con las Administraciones Públicas, importantes daños a la reputación de la empresa o, incluso, la responsabilidad penal, entre otras.

En este contexto, podría parecer sencillo pensar que, si mi empresa no tiene intención alguna de formar parte de un cártel, ni tengo una posición especialmente relevante en el mercado, ni condiciones similares, mis riesgos en este ámbito serían reducidos por lo que, pese a las graves consecuencias que tendría, no son controles que deba priorizar.

Sin embargo, el riesgo va más allá cuando analizamos que las infracciones relativas al derecho de la competencia no exigen un elemento subjetivo especial, es decir, puede incurrirse en ellas sin necesidad de intención y por mera negligencia. Las prácticas colusorias requieren, para ser consideradas como tal, que se den dos elementos: el acuerdo de voluntades y la afectación a la competencia. El problema es que el acuerdo no tiene por qué ser expreso, y la afectación a la competencia basta con que se produzca como efecto de la conducta (sin necesidad de que éste fuera el fin perseguido).

Son muchas las situaciones cotidianas a las que no veríamos mayor trascendencia que podrían llegar a ser interpretadas como ilícitas, pudiendo ocasionarnos serios problemas.

Además de la información sensible que pueda tratarse durante una reunión (de la que se podría hacer partícipe incluso a quien no haya tomado parte en la conversación), también podrían llegar a ser consideradas actuaciones contra la competencia otras, en principio más inofensivas, como podría ser, por ejemplo, formar parte de una asociación de empresas y comentar con los demás socios durante una comida informal la situación difícil en la que se encuentra su empresa y la necesidad de reajustar los precios. De igual manera, la realización de actuaciones conscientemente paralelas (salvo que sean consecuencia normal o previsible de la evolución del mercado), también podría considerarse anticompetitivo aunque no existiera un acuerdo expreso para ello, si de esta forma puede alterarse o restringirse de algún modo el mercado.

Este tipo de conductas pueden cometerse por cualquier empleado, incluso sin la mínima mala intención, y sería muy posible que la empresa ni tan siquiera fuera consciente del riesgo en el que incurre.

Por este motivo, la existencia de Políticas Antitrust es tan relevante. Es, además, primordial disponer de un plan específico de formación que permita a los empleados saber cómo actuar, qué conductas evitar, cómo identificar que se encuentran ante una situación de riesgo y cómo pueden evitar formar parte de ella.

 

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