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Responsabilidad penal de la persona jurídica

 

Origen, alcance e influencia de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica en las organizaciones.

 

 

responsabilidad penalEs cada vez más frecuente durante los últimos tiempos escuchar hablar sobre la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y la existencia de Modelos de Gestión eficaces a través de los cuales se pueda llegar a eximir (o, cuanto menos, atenuar) dicha responsabilidad de la organización.

 

Para poder comprender el alcance de estos términos y la influencia que puede tener sobre las organizaciones debemos primero entender el origen de esta situación. Para ello podemos analizar brevemente la evolución que ha tenido la Responsabilidad de la Persona jurídica a través de las reformas a las que ha ido siendo sometido el Código Penal. De esta manera:

 

-Hasta el 23 de diciembre de 2010 la persona jurídica respondía civilmente, ya fuera de manera directa y solidaria (por delitos cometidos por sus administradores) o subsidiaria (por los cometidos por sus empleados). En virtud de esta regulación, los administradores de la sociedad serían quienes responderían personalmente (por acción u omisión).

 

-Con posterioridad a diciembre de 2010 se introduce con la reforma del código penal la posibilidad de que la persona jurídica pueda ser penalmente responsable de determinados delitos cometidos por sus administradores o empleados.

 

- El gran “boom” del Compliance viene de la mano de la reforma del Código Penal por la cual desde el 1 de julio de 2015 se contempla expresamente la posibilidad de exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica si esta ha adoptado medidas de prevención de delitos.

 

Los Sistemas de Gestión de Compliance Penal como posible eximente de responsabilidad.

 

Es en este contexto donde toma gran importancia la existencia de unos sistemas integrados en la organización que permitan cumplir ese requisito de “haber adoptado medidas de prevención de delitos” por medio de los cuales esta podría no incurrir en esta responsabilidad.

 

La nueva redacción del artículo 31bis del Código Penal establece que "las personas jurídicas serán penalmente responsables de aquellos delitos que se cometan en nombre o por cuenta de las mismas (y en su beneficio directo o indirecto) tanto por sus integrantes autorizados para tomar decisiones en su nombre u ostenten facultades de organización y control, como por los cometidos por quienes, sometidos a la autoridad de éstos, hayan podido realizar los hechos ante un incumplimiento grave por su parte de los deberes de supervisión, vigilancia y control."

 

De todo esto cabe extraer la necesidad de contar con mecanismos dentro de la empresa que prevengan la comisión de ilícitos en su seno, controlando y supervisando la actividad llevada a cabo por sus empleados.

 

Sin embargo, la mera implantación del sistema en la organización no sería suficiente, ya que para poder entender que se cumple el requisito ha de poder demostrarse que se trata de un sistema eficaz para el fin que persigue. La eficacia del sistema podría basarse en aspectos tales como: confiar la supervisión y funcionamiento del modelo a un órgano con poderes autónomos de iniciativa y control, identificar las actividades en cuyos ámbitos puedan ser cometidos los delitos, establecer los protocolos o procedimientos de actuación, así como una correcta formación sobre ellos a los empleados afectados, establecer una vía para informar de posibles riesgos e incumplimientos (y fomentar su uso) así como un sistema disciplinario adecuado, el control efectivo sobre la actividad de los empleados que garantice que las pautas establecidas se están cumpliendo, o la verificación periódica del modelo en aras de perseguir una mejora continua, entre otros. Todo ello, además, ha de estar suficientemente documentado para poder demostrar su ejecución y desarrollo.

 

La existencia, por tanto, de un Sistema de Gestión Compliance Penal eficaz en la empresa, no sólo cumplirá su principal función de evitar la comisión de actos ilícitos en el seno de la misma, que podrían llevar a ésta a situaciones críticas tales como la pérdida de su imagen y reputación, fuga de clientes, etc… sino que ahora, además, puede ser el motivo que determine su no responsabilidad en un proceso penal.

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