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Compliance más fácil

Compliance en la Crisis del Coronavirus. Posibles responsabilidades penales de las empresas

 

En los últimos días (que bien pueden estar pareciéndonos semanas) son innumerables las medidas establecidas, los cambios precipitados que han tenido que tomarse en las empresas, el sobreesfuerzo que muchos puestos están realizando, y los sacrificios que se están viendo obligados a asumir, para luchar por salir adelante en medio de las circunstancias difíciles en las que nos encontramos inmersos.

coronavirus crisis

 

Son muchos los que se están viendo obligados a recurrir a ERTEs; en otros casos, departamentos de IT están trabajando a contrarreloj para hacer posible que aquellos trabajadores (cuya función se lo permita) puedan seguir teletrabajando…; todo en aras de garantizar la máxima seguridad de los trabajadores y evitar la propagación del virus.

Y es en este último punto donde, desde nuestra especialidad y nuestro ámbito de actuación, queremos detenernos en esta ocasión. Y es que, ¿Pueden las medidas que tomemos (o que no tomemos) conllevar consecuencias penales -más allá de las económicas o sanitarias- para nuestra organización? La respuesta es que, efectivamente, podría llegar a ser así.

EL Código Penal establece una serie de delitos que son imputables a las personas jurídicas. En este caso, nos amparamos en el artículo 318, donde se hace referencia a las penas atribuibles a la persona jurídica en caso de cometerse actuaciones que den lugar a la comisión de delitos contra los trabajadores. ¿Qué actuaciones podrían englobarse aquí? Para responder a esto nos remitiremos principalmente al artículo 316 CP, que nos indica como conducta punible “Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física […]”en relación directa con el 317, en virtud del cual, esta actuación también será castigada cuando se cometa por imprudencia grave.

Por supuesto, sabemos que la principal motivación de toda empresa a la hora de tomar todas las medidas que estén en su mano es la garantía de la seguridad y la salud, de sus trabajadores y de la sociedad en general; pero creemos conveniente recordar las posibles consecuencias secundarias que una inadecuada gestión de esta crisis puede traer consigo.

Recordamos, al hilo de esto, las recomendaciones de las autoridades para con la salud de los trabajadores: siempre que sea posible, facilitar el teletrabajo; cuando esta opción sea inviable, tomar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad (como pueda ser la redistribución de turnos, si es necesario para garantizar que se mantiene la distancia necesaria entre los trabajadores), llevar un control exhaustivo de la limpieza y la desinfección, garantizar que se cumplen los protocolos de actuación establecidos, y facilitar a los trabajadores que tengan que seguir acudiendo a sus puestos los Equipos de Protección Individual (EPIs) necesarios para garantizar la seguridad de todos. Todo esto, sin olvidar que debemos tener especial atención a aquellos que puedan incluirse en un grupo de riesgo (como puedan ser aquellos con afecciones médicas respiratorias o cardiovasculares).

Por último, y si con las consideraciones anteriores no podemos garantizar la seguridad de los empleados mediante la entrega y uso de los EPI’s u otras medidas organizativas aplicables, es preferible detener la actividad, y garantizar de esta manera la integridad de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto, evitando la propagación actuando con la responsabilidad que se nos exige ante la crisis sanitaria a la que nos estamos enfrentando, especialmente en aquellas actividades laborales y empresariales no imprescindibles para el sostenimiento y aseguramiento de los productos de primera necesidad, sanitarios y logísticos.

#EsteVirusLoParamosUnidos

 


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