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Compliance en el mundo

La Unión Europea hacia la protección del Whistleblowing

 

La persona que denuncia a un compañero o superior en general no está muy bien vista en España. Se prefiere callar y no decir nada antes de que te tilden como un “chivato”.  Sin embargo, esta tendencia está cambiando. La UE está trabajando hacia la protección del denunciante interno o whistleblower. 

 

whistleblower

Tradicionalmente (y por lo general), en España se ha tendido a ver el denunciar a un compañero o superior como algo a criticar. La figura de “El Chivato” no ha solido ser especialmente protegida; más bien al contrario, la tendencia ha sido más hacia esa ley del silencio, hacia esa “omertá” que protegía a quienes pudieran estar realizando actuaciones, cuanto menos, cuestionables dentro de la organización.

 

Sin embargo, esta tendencia está cambiando (o se está pretendiendo cambiar). Ya en otros ordenamientos, como es el caso de Estados Unidos, el denunciante interno (el “Whistleblower”) es una figura no solo arraigada y regulada, sino especialmente protegida por la legislación al ser considerada clave en la lucha contra la comisión de actuaciones ilícitas y, por tanto, en la protección de los intereses generales. Los Códigos internos de las empresas contemplan detalladamente su protección, e incluso existen políticas que, de algún modo, premian y benefician a quienes aportan esta información clave para destapar la comisión de irregularidades.

En los últimos tiempos, y sobre todo a raíz de los grandes escándalos como Los papeles de Panamá, Luxleaks o el Dieselgate, Europa está siendo consciente de la importancia de la protección de los informadores en aras de normalizar esta actividad. Nadie conoce mejor las irregularidades que puedan darse en una empresa que quienes están dentro, por lo que todo esfuerzo destinado a facilitar, fomentar y, sobre todo, proteger estas denuncias favorecerá la salvaguarda de los intereses generales que la Unión Europea y los Estados Miembros pretenden defender; asimismo, integrar esta mentalidad en la empresa será, en gran parte, muestra y garantía de la existencia de una cultura ética y una importante vía de control de las actividades que se realicen en su seno.

Y es en este sentido, en la protección del “Whistleblower”, en el que está trabajando la Unión Europea. Se ha presentado una propuesta de directiva “relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión”, que está pendiente de aprobación, pero cuyos trámites finales y, por tanto, su publicación y entrada en vigor, se presumen inminentes.

En ella se regularía, por un lado, la obligatoriedad de contar con cauces y procedimientos internos de denuncia y tramitación de estas a una serie de entidades tanto privadas (aquellas con más de 50 empleados o un volumen de negocios superior a 10 millones de euros, así como las que puedan considerarse especialmente vulnerables al blanqueo o a la financiación del terrorismo) como públicas (a nivel estatal, regional, provincial, municipal en el caso de tener más de 10.000 habitantes, y otras entidades de Derecho Público). Prevé (y regula) la existencia de estos canales en tres niveles: canal de denuncias interno, canal externo a través de las autoridades y, por último y si los anteriores fallan, la información a los medios de comunicación. El siguiente aspecto imprescindible que entraría a regular es la protección, como tal, de los informantes e interesados y las medidas para garantizar la prohibición de represalias frente a estos.

A través de la Comunicación de la Comisión se refuerza esta idea de necesidad de contar con una normativa que proteja al informador, al exponerse que el principal motivo para la no denuncia es precisamente la falta de protección. De este modo (y según se expone en la propia comunicación): “según la encuesta especial del Eurobarómetro sobre corrupción de 2017, en torno a uno de cada tres europeos (29 %) considera que no debería denunciarse la corrupción ya que no hay protección para quienes la denuncian. En la consulta pública de 2017 de la Comisión, el miedo a las consecuencias legales y financieras fue la razón más citada para justificar por qué los trabajadores no denuncian las irregularidades.” “La encuesta Global Business Ethics Survey de 2016 […] arrojó que el 33 % de los trabajadores habían tenido conocimiento de faltas; el 59 % de ellos las denunciaron, y el 36 % de estos sufrieron represalias.” “[…] conclusiones del Eurobarómetro especial n.º 470: las dos razones más comunes para no denunciar la corrupción fueron: i) la dificultad para presentar pruebas (45 %), ii) incluso si hubiera pruebas disponibles, los responsables no serían castigados (32 %).”

Hay que considerar, además, que no sólo el establecimiento de estos canales es importante; es imprescindible que sean conocidos por los trabajadores, así como que su acceso y utilización sean sencillos, fomentándose de este modo su uso e impidiendo que las complicaciones formales supongan un desistimiento por parte de quien, inicialmente, tenga la intención de denunciar. Al hilo de esto, continúa diciendo la Comunicación de la Comisión que “El 49 % de los encuestados en el Eurobarómetro especial de 2017 sobre la corrupción no sabrían dónde denunciarla si la sufrieran o tuvieran conocimiento de ella. Tan solo el 15 % de todos los que respondieron a la consulta de la Comisión conocía las normas existentes sobre protección de los denunciantes en su país.”

Debemos, por tanto, dejar de relacionar a quien informa de las posibles irregularidades que se cometan en nuestra empresa con esa idea negativa de “el chivato”, y entender que precisamente a través de estos se podrán destapar esos “chanchullos internos” que pueden tener un efecto negativo en la empresa y en toda la sociedad. Conseguir que un empleado se sienta libre de denunciar y protegido frente a toda represalia será un síntoma evidente de que nuestra entidad avanza hacia esa Cultura Ética o Cultura del Cumplimiento, cada vez más valorada, que será la base de la protección de la empresa frente a posibles responsabilidades y del mantenimiento y reconocimiento de su buena reputación.

 

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