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Ciberseguridad

Redes sociales y menores de edad

 

¿Somos conscientes de la repercusión que puede tener la publicación de videos y fotografías de nuestros hijos en las RRSS? ¿Existe algún límite en la cesión y tratamiento de los datos de los menores de 16 años? ¿Basta con el consentimiento del padre o tutor del menor de edad?

RRSS privacidadEs innegable el papel protagonista que han adquirido las redes sociales en nuestro día a día. El uso de estas ha cambiado nuestra forma de comunicarnos, informarnos, conocer la actualidad o estar en contacto con nuestros conocidos (o, en ciertos casos, no tan conocidos).

Es igualmente innegable que los menores no se encuentran al margen de esta situación. Cualquiera que tenga un menor cercano en su entorno habrá podido comprobar cómo cualquier situación es la idónea para hacerse un selfie, subirlo a Instagram, y comprobar incesantemente cómo aumentan los likes que recibe su publicación. De igual modo, sabemos que desde bien pequeños es común facilitarles acceso a un smartphone con el fin de estar comunicados con ellos, dando por hecho que tendrán acceso a aplicaciones como Whatsapp.

Lo que no debemos perder de vista es la implícita cesión y tratamiento de los datos en la utilización de estos servicios. Las regulaciones, tanto comunitaria como nacional, no pasan por alto este aspecto, reflejándose en la normativa de protección de datos. De esta manera, el RGPD, establece en su artículo 8 que “en relación con la oferta directa a niños de servicios de la sociedad de la información, el tratamiento de los datos personales de un niño se considerará lícito cuando tenga como mínimo 16 años” requiriéndose, en el caso de menores de esta edad, el consentimiento del titular de la patria potestad o tutela. El Reglamento deja abierta la puerta a una limitación mayor por parte de los estados miembros; en el caso de España, y a través del artículo 7 de la nueva LOPD, este límite se reduce a los 14 años.

El mismo Reglamento establece también la obligación, por parte del responsable, de realizar los “esfuerzos razonables para verificar en tales casos que el consentimiento fue dado o autorizado por el titular de la patria potestad o tutela sobre el niño, teniendo en cuenta la tecnología disponible”.

Nos planteamos, entonces, en este contexto, hasta qué punto la realidad se ajusta al encuadre requerido por la legislación vigente, ¿Realmente son los padres o tutores los que autorizan el tratamiento de los datos de sus hijos cuando éstos abren una cuenta en una red social? ¿Los responsables ponen medidas para garantizar que esto sea así?, o ¿simplemente los menores marcan, a la hora de registrarse, que superan la edad requerida, siendo esto suficiente para dar libertad al tratamiento de sus datos personales?

¿Son conscientes de lo que este tratamiento conlleva? O, lo que es más importante ¿lo somos nosotros? Cada vez son más abundantes y relevantes los riesgos que estas prácticas pueden traer consigo; ciberbullying, contacto con desconocidos y sus riesgos asociados, fotografías compartidas que permanecerán en la nube, etc… debiendo considerarse también otros como el aislamiento social o el uso excesivo, incluso adictivo, de estas tecnologías, viendo reducido el tiempo que dedican a sus estudios u otras actividades.

La otra cara de esta moneda estaría, ya no del lado de los menores, sino de los mayores que les rodean y parecen encontrar inofensivo compartir en sus propias redes una “simpática” imagen del niño sin contar para ello con el consentimiento de sus padres o tutores.

Sin embargo, la protección de la privacidad de los menores por parte de legisladores y tribunales en distintos países, incluso dentro de las fronteras europeas, está yendo un paso más allá; encontramos normativas y sentencias que no ven suficiente ni tan siquiera el consentimiento del padre o tutor para compartir imágenes de la esfera privada del niño, incluso cuando son ellos mismos quienes comparten la publicación. En este contexto encontramos casos en los que ese pequeño crece y se encuentra que una grabación o fotografía suya resulta ser pública, e inicia acciones legales contra quienes la publicaron. En Italia, por ejemplo, se condenó a una madre, bajo pena de multa por incumplimiento, a eliminar todo el contenido gráfico publicado en Facebook en el que apareciera su hijo adolescente. Por su parte, Francia dispone desde 2016 de una norma que contempla cuantiosas multas (de hasta 45.000) y prisión de hasta 1 año para los padres que vulneren con estas prácticas el espacio de intimidad de los menores. España, por el momento, parece aceptar el consentimiento de los padres o tutores para entender la licitud del tratamiento, siempre que se cumplan unos límites basados en criterios objetivos (como el consentimiento por parte de ambos progenitores) o subjetivos (como la valoración de la responsabilidad o el sentido común), según la jurisprudencia al respecto.

Debemos, por tanto, encontrar ese límite entre la necesidad (inevitable y positiva) de que los menores formen parte de los avances de la sociedad de la información, sin que por ello queden desprotegidos ante las vulnerabilidades que ésta lleva consigo.

 

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